El segundo JapiAwer Ciudadano se enfocó en el pilar Instituciones de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS). En este sentido, este evento abordó el ODS 16: paz, justicia e instituciones sólidas y giró en torno a la pregunta ¿cómo es el manejo de la justicia y las instituciones en nuestra sociedad?
El conversatorio contó con la participación de panelistas de la academia, sociedad civil, función legislativa y del mundo del periodismo. Por la coyuntura actual, se profundizó el tema de la corrupción, la situación del sistema de justicia y el papel fiscalizador, tanto de la ciudadanía como de la Asamblea Nacional.
Marcelo Espinel, coordinador de proyectos de Fundación Ciudadanía y Desarrollo destacó en su intervención la importancia de la institucionalidad para lograr las metas del ODS 16. En este sentido, resaltó que no sólo los políticos deben involucrarse, sino también que los ciudadanos deben hacer uso de la participación ciudadana y desempeñar un papel importante en temas de justicia y paz.
Marcelo explicó sobre el mandato ciudadano que tienen los asambleístas en cuanto a legislar y fiscalizar las demás instituciones. Remarcó que su fundación visibiliza los temas de corrupción, independencia judicial, designación de jueces, entre otros. En temas de transparencia, explicó que el derecho de acceso a la información que tiene la ciudadanía es difícil de ejercer, lo que a la vez limita este derecho, por lo que dijo que debe existir una forma más amigable para que los ciudadanos puedan entender lo que está pasando en las instituciones del Estado. Concluyó afirmando que la participación ciudadana significa un Estado derecho, independencia de justicia, libre expresión y por lo tanto, sin estos factores no se podrá cumplir el ODS 16.
Juan Pablo Torres, abogado, explicó su visión más pragmática sobre la temática. Para él nadie cree en la justicia porque la forma en la que está planteada e institucionalizada no resuelve adecuadamente los temas de corrupción y los delitos, desde su punto de vista el sistema carcelario no sirve. Juan Pablo explicó que el objetivo de que la corrupción se acabe con las cárcel es una falacia porque nadie va a dejar de ser corrupto porque otras personas son encarceladas por estos temas. Manifestó que en un sistema como el ecuatoriano, en el que a pesar de que las penas sean más duras, las personas no se abstienen de cometer delitos, por lo tanto, este sistema no funciona. En cuanto a la institucionalidad, indicó que no sería la solución estar apegada a la ética y moral, ya que nuestra sociedad se encuentra apegada al sentimiento, es decir que las instituciones no servirán de nada, si siguen personalizadas a una imagen o caudillo. Concluyó diciendo “la institucionalidad estatal no funciona, eso no lo va a cambiar ninguna constitución. Las mayores penas no nos van a ayudar a tener una mejor justicia”
Anita Galarza, asambleísta de CREO por Tungurahua, explicó que desde su punto de vista, el problema no es la institucionalidad actual en el Estado sino el hiperpresidencialismo y aprobación de leyes contradictorias en la Asamblea. Por otro lado, para ella el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social sería un apéndice del gobierno actual, ya que altos funcionarios públicos que se han visto envueltos en corrupción y cero transparencia, han sido nombrados por el mismo Consejo. Explicó que la función de control social en realidad es una función de un movimiento político, por lo tanto, no existe una verdadera transparencia e institucionalidad en la mayoría de las instituciones ecuatorianas. Resaltó que desde la Asamblea Nacional se está tratando fiscalizar diez años donde la función legislativa no ha desempeñado un verdadero papel en fiscalizar y legislar. Para ella, la fiscalización incomoda a los corruptos, “lo que deseamos es dar solución a problemas de su diario vivir y solución al fin de la corrupción. El nivel de debate debe ser tomado en cuenta desde la sociedad civil”
Finalmente, Daniel Márquez, periodista y académico de la Universidad San Francisco de Quito, indicó que el tema de corrupción es un tema delicado para el debate porque recae en una categoría moral. Según él, existen dos tipos de corrupción: la corrupción que frena el progreso y la corrupción que va con el desarrollo. ASí, ciertas leyes benefician y facilitan la corrupción pues el sistema político y judicial se encuentra construido para defender ciertos actos. Por otro lado, considera que la corrupción fue sostenible porque Ecuador tenía recursos y el interés de la sociedad se encontraba enfocado en otros temas. Después la crisis no fue sostenible porque existió un cambio económico fuerte que ha venido afectando a la sociedad. Resaltó que es clave la prensa independiente y la filtración de información para sacar al aire problemas y escándalos de corrupción. Además remarcó que la ciudadanía juega un papel preponderante en el tema, por lo tanto, debe existir otra perspectiva ciudadana mucho más interesada y apegada a los temas.
En este conversatorio se presentaron distintas perspectivas en torno a la corrupción, unas visiones más pragmáticas y otras más teóricas permitieron llevar la discusión a un espacio de cuestionamiento de las causas de la corrupción y de cómo los sistemas de justicia y fiscalización deben replantearse para lograr mayor transparencia y control social en las instituciones públicas del Ecuador. Se concluyó que la corrupción ahonda los problemas del desarrollo.
El conversatorio contó con la participación de panelistas de la academia, sociedad civil, función legislativa y del mundo del periodismo. Por la coyuntura actual, se profundizó el tema de la corrupción, la situación del sistema de justicia y el papel fiscalizador, tanto de la ciudadanía como de la Asamblea Nacional.
Marcelo Espinel, coordinador de proyectos de Fundación Ciudadanía y Desarrollo destacó en su intervención la importancia de la institucionalidad para lograr las metas del ODS 16. En este sentido, resaltó que no sólo los políticos deben involucrarse, sino también que los ciudadanos deben hacer uso de la participación ciudadana y desempeñar un papel importante en temas de justicia y paz.
Marcelo explicó sobre el mandato ciudadano que tienen los asambleístas en cuanto a legislar y fiscalizar las demás instituciones. Remarcó que su fundación visibiliza los temas de corrupción, independencia judicial, designación de jueces, entre otros. En temas de transparencia, explicó que el derecho de acceso a la información que tiene la ciudadanía es difícil de ejercer, lo que a la vez limita este derecho, por lo que dijo que debe existir una forma más amigable para que los ciudadanos puedan entender lo que está pasando en las instituciones del Estado. Concluyó afirmando que la participación ciudadana significa un Estado derecho, independencia de justicia, libre expresión y por lo tanto, sin estos factores no se podrá cumplir el ODS 16.
Juan Pablo Torres, abogado, explicó su visión más pragmática sobre la temática. Para él nadie cree en la justicia porque la forma en la que está planteada e institucionalizada no resuelve adecuadamente los temas de corrupción y los delitos, desde su punto de vista el sistema carcelario no sirve. Juan Pablo explicó que el objetivo de que la corrupción se acabe con las cárcel es una falacia porque nadie va a dejar de ser corrupto porque otras personas son encarceladas por estos temas. Manifestó que en un sistema como el ecuatoriano, en el que a pesar de que las penas sean más duras, las personas no se abstienen de cometer delitos, por lo tanto, este sistema no funciona. En cuanto a la institucionalidad, indicó que no sería la solución estar apegada a la ética y moral, ya que nuestra sociedad se encuentra apegada al sentimiento, es decir que las instituciones no servirán de nada, si siguen personalizadas a una imagen o caudillo. Concluyó diciendo “la institucionalidad estatal no funciona, eso no lo va a cambiar ninguna constitución. Las mayores penas no nos van a ayudar a tener una mejor justicia”
Anita Galarza, asambleísta de CREO por Tungurahua, explicó que desde su punto de vista, el problema no es la institucionalidad actual en el Estado sino el hiperpresidencialismo y aprobación de leyes contradictorias en la Asamblea. Por otro lado, para ella el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social sería un apéndice del gobierno actual, ya que altos funcionarios públicos que se han visto envueltos en corrupción y cero transparencia, han sido nombrados por el mismo Consejo. Explicó que la función de control social en realidad es una función de un movimiento político, por lo tanto, no existe una verdadera transparencia e institucionalidad en la mayoría de las instituciones ecuatorianas. Resaltó que desde la Asamblea Nacional se está tratando fiscalizar diez años donde la función legislativa no ha desempeñado un verdadero papel en fiscalizar y legislar. Para ella, la fiscalización incomoda a los corruptos, “lo que deseamos es dar solución a problemas de su diario vivir y solución al fin de la corrupción. El nivel de debate debe ser tomado en cuenta desde la sociedad civil”
Finalmente, Daniel Márquez, periodista y académico de la Universidad San Francisco de Quito, indicó que el tema de corrupción es un tema delicado para el debate porque recae en una categoría moral. Según él, existen dos tipos de corrupción: la corrupción que frena el progreso y la corrupción que va con el desarrollo. ASí, ciertas leyes benefician y facilitan la corrupción pues el sistema político y judicial se encuentra construido para defender ciertos actos. Por otro lado, considera que la corrupción fue sostenible porque Ecuador tenía recursos y el interés de la sociedad se encontraba enfocado en otros temas. Después la crisis no fue sostenible porque existió un cambio económico fuerte que ha venido afectando a la sociedad. Resaltó que es clave la prensa independiente y la filtración de información para sacar al aire problemas y escándalos de corrupción. Además remarcó que la ciudadanía juega un papel preponderante en el tema, por lo tanto, debe existir otra perspectiva ciudadana mucho más interesada y apegada a los temas.
En este conversatorio se presentaron distintas perspectivas en torno a la corrupción, unas visiones más pragmáticas y otras más teóricas permitieron llevar la discusión a un espacio de cuestionamiento de las causas de la corrupción y de cómo los sistemas de justicia y fiscalización deben replantearse para lograr mayor transparencia y control social en las instituciones públicas del Ecuador. Se concluyó que la corrupción ahonda los problemas del desarrollo.
Texto:
Luis Alejandro Levoyer
Andrea Romo
El JapiAwer Ciudadano es un evento de diálogo y participación ciudadana organizado por AISO Academia de Innovación para la Sostenibilidad y el Centro de Investigaciones del Territorio CITE .
Luis Alejandro Levoyer
Andrea Romo
El JapiAwer Ciudadano es un evento de diálogo y participación ciudadana organizado por AISO Academia de Innovación para la Sostenibilidad y el Centro de Investigaciones del Territorio CITE .